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14/09/2016

SOBRE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA (II)

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En un anterior escrito denunciaba la actual Ley de Contratos del Estado para la adjudicación de encargos de arquitectura como una de las puertas de la corrupción, al adjudicar los concursos de proyectos y obras con criterios exclusivamente de subasta económica en el 90% de las adjudicaciones oficiales.

Siguiendo con este tema de los concursos hoy sigo denunciando los procedimientos actuales de adjudicación con la machacona intención de argumentar,  porqué es absolutamente necesario elaborar y aprobar con urgencia una legislación específica para la adjudicación de los trabajos de arquitectura y separarla de la genérica que sigue contemplando la arquitectura como un servicio más al ciudadano equiparable a la adjudicación de cualquier otra oferta de servicio donde sólo se valora y prima lo puramente económico.

En esta línea hoy quiero comentar algunos temas absolutamente imprescindibles de conocer para racionalizar estos procedimientos, y por tanto redactar un reglamento específico para los concursos de arquitectura.

Hasta 3.200 millones de Euros anuales podría ahorrarse la sociedad española en su conjunto entre administraciones públicas y profesión si existiese un reglamento específico de contratación en los trabajos de arquitectura (CSCAE informe anual 2013). Es obvio que racionalizar tiempos y procesos estaría en la base de dichos ahorros.

Esta falta de regulación específica, como si ocurre en el resto de nuestros socios de la UE, no solamente nos sitúa en una posición de indefensión en todos los planos, sino que impide una competencia al mismo nivel con nuestros socios comunitarios, tanto económica como profesionalmente. Armonizar y homologar reglas equiparables entre socios de cualquier actividad, equipara en eficiencia y competitividad a las instituciones y agentes que intervienen.

La enorme cantidad de recursos que hay que emplear en el sistema público de licitaciones actuales tanto desde la profesión como la administración genera un sistema injusto, ineficaz y costosísimo para la sociedad en su conjunto.

Hay que ordenar y regular la participación con filtros sucesivos y que confíe a un jurado profesional la calificación de las mismas, evitando así el enorme e inmenso trabajo que generalmente lleva a cabo la administración, que generalmente para intentar solventar cuanto antes las dificultades de una decisión siempre compleja acude a la subasta como si esta solución economicista garantizase la objetividad de procedimiento siendo normalmente lo contrario, en el caso de un servicio profesional, arquitectura, ingeniería, etc…

Las subastas no sólo suelen ser las primeras puertas de la corrupción (véase mis escritos anteriores), sino que la historia demuestra totalmente que este criterio siempre ha concluido eligiendo las soluciones peores para los fines propuestos. Plazos ridículamente cortos para licitar y exigencias abusivas de carga de documentación y gestión exigidas suelen convertirse en fáciles coartadas para seleccionar a una oferta previamente adoptada.

Según los datos del CSCAE la media para resolver una licitación pública es de 6 meses de los cuales la media es de 15 días para el tiempo de preparar y presentar ofertas siendo como todos sabemos en el sector de la arquitectura, esta fase de las ofertas, donde tiene que hacerse el específico proceso de creación arquitectónico, que marcará el camino a todo lo que éste desencadene y que constituye la parte más importante, reflexiva e intensa de cualquier proyecto arquitectónico. Aquí radica lo sustantivo de nuestro oficio y aquí se esconde la voluntad social y cultural de nuestro trabajo.

Actualmente hemos llegado a un grado tal de descomposición, degeneración, abuso y fraude de la mayoría de concursos de la administración pública, que se están adjudicando concursos con bajas de hasta el 75% sobre el precio base de licitación, ya de por sí un 20% o 30% más bajo que los baremos orientativos profesionales. Además es posible con medio folio justificar cualquier baja, con lo que ya no existe la baja temeraria.

¿Cómo puede pedir luego la administración que se contrate decentemente a los colaboradores y agentes de cualquier proceso , si propicia ella misma el más escandaloso dumping económico que se lleva a cabo?

Cómo puede luego la administración erigirse en defensora y avalista del interés de lo público en valores como la calidad, la cultura, la honestidad, la ética, la transparencia, etc…., lo grave de todo esto es que estos valores son esgrimidos como mantras por políticos y gran parte de los agentes sociales que intervienen y son totalmente pisoteados por el anonimato (y la impunidad de la acción política y la de la gestión administrativa en la práctica).

Existe perfectamente desarrollado por el consejo de Arquitectos un reglamento jurídico sobre los concursos específicos de arquitectura, que además está perfectamente recogido, como procedimiento,dentro del marco jurídico de la vigente Ley de Contratos del sector público y que no contraviene ningún artículo de este y está  perfectamente consensuado y adecuado con la legislación Europea en estos temas.

Tarde o temprano se acabará haciendo , ¿por qué seguir demostrando que somos un país tercermundista? Hagámoslo cuanto antes y presionemos todos los implicados mediante todas las acciones legales existentes para que esto se solucione a la mayor urgencia posible. El daño para la sociedad está siendo irreparable. 

César Ruiz-Larrea