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09/02/2016

SOBRE LOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA

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LAS PUERTAS DE LA CORRUPCIÓN.

En un reciente e interesante encuentro entre colegas del sector de la arquitectura en Europa, se suscitó un vivo debate sobre la corrupción en nuestro país, y sobre la idea de que, debido a razones históricas y culturales, está especialmente arraigada entre nosotros. Con la sospecha adicional de que los españoles pudiéramos ser más corruptos que el resto de los ciudadanos de la UE.

El corolario de la conversación, con absoluta unanimidad, fue que por supuesto el español no es, de natural, un ciudadano más corrupto que un francés, un alemán o un austríaco. La diferencia estribaría en que en estos países referentes de la UE, se dispone de unas leyes que desde su origen y tras sucesivas modificaciones han ido cerrando cualquier puerta a la corrupción, evitando así, que aquella las traspase. 

Mientras tanto en España, una abrumadora cantidad de  leyes, de hecho un enorme listado de ellas, sin embargo ofrecen en la práctica muchas puertas, permitiendo además traspasarlas con la mayor impunidad. Puertas a veces alentadas en la misma legislación, que inducen con el tiempo a una aceptación generalizada, como algo natural y necesario. Algo que formaría parte de las reglas del juego.

Algunas de estas puertas fueron gestadas durante el franquismo para una sociedad autárquica y antidemocrática y apenas han evolucionado desde entonces para la nueva y diametralmente opuesta realidad social en la que vivimos.

Me referiré pues a una de estas puertas que afecta directamente a una enorme cantidad de profesionales: Ingenieros, Arquitectos, Aparejadores, Decoradores, Diseñadores, etc… . Se trata de la Ley de Contratos del Sector Público y los procedimientos para la adjudicación de los trabajos específicos de estos colectivos en forma de servicios profesionales para las administraciones públicas mediante concursos. Un colectivo estratégico de miles de profesionales.

Aparentemente la ley mete en un mismo saco a todos los servicios que se concursan, independientemente de la naturaleza del servicio que se licite. Como ustedes comprenderán inmediatamente, poco o nada tiene que ver la contratación del servicio de limpieza para un hospital, o el suministro de papel, que el diseño y la construcción de un puente o un proyecto de un  conservatorio de música. El denominador común en cualquier caso, se fija en obtener el menor precio. Y ahí empieza la corrupción.

En efecto, la mayor parte de los concursos con unas altas exigencias técnicas y creativas susceptibles de incidir poderosamente en el espacio público y por tanto en el enriquecimiento patrimonial, social y cultural de un país, requieren una competición por calidad más que por precio, requieren ser seleccionadas por jurados expertos, con unas  líneas rojas económicas por debajo de las cuales no es posible conseguir la calidad mínima de los servicios exigibles para una comunidad que construye su espacio público, aquello que compartimos y que nos aglutina.

Una ley como la quetenemos que prioriza siempre la subasta, frente al concurso de méritos y la calidad. Y una mesa de contratación frente al jurado experto. Justo lo contrario de lo que es la práctica habitual en los países de referencia de la UE.

Aprendamos de ello y empecemos a legislar unos reglamentos propios para cada sector que regule estas especificidades y no trate de manera igual asuntos desiguales. De paso, cerraríamos una de las puertas de la corrupción.

Veamos los mecanismos de corrupción: se oferta una enorme baja para llevarse un concurso (propicia la competición ilícita), se adjudica justificando incluso legalmente las bajas temerarias (el falso argumento de la ley de competencia, inventado por los manipuladores del mercado), y como consecuencia se abren los caminos para conseguir el precio real de lo que vale el servicio. Esto se logra bajando las calidades ofertadas (se puede incluso justificar técnicamente). Se generan los chanchullos y pactos con otras ofertas adjudicatarias. Se baja la calidad del servicio ofertado, se producen acuerdos y corruptelas con terceros, etc… . Todos lo conocemos pero nadie reacciona (-¡Esto es lo que hay!-, se dice -…y cambiar esto madre mía. Con la cantidad de asuntos que hay que resolver-).

Miren ustedes, la eficacia y el logro del nivel adquirido por estos países en los que nos miramos entre otras muchas cosas, radica en el trabajo serio, riguroso y cotidiano por parte de los políticos y ciudadanos en una cotidiana mejora de las leyes que les regula para conseguir por ello sistemas altamente eficaces y democráticos. Aquí siempre estamos dispuestos a cambiar los sistemas de arriba abajo, con los resultados que todos padecemos.

Centrándome en el ámbito de la Arquitectura que es mi oficio, en los preceptos de dicha ley ésta no define con precisión el ámbito objetivo de aplicación, no discrimina estos concursos de otros de servicios de distinta finalidad como ya he apuntado, no se concreta y garantiza composición, funcionamiento, tareas y lo más importante cualificación de los jurados remitiéndose todos a mesas de contratación que no premian criterios técnicos y de calidad sino sobre todo reducción de plazos, bajas económicas inasumibles, etc… que denigran progresivamente nuestra profesión como servicio público, dejando fuera de oportunidad a los mejores, más  brillantes y excluyendo a los más jóvenes por falta de recursos, etc…..

De esta forma el aspecto esencial de toda política pública como es una Arquitectura y Urbanismo de calidad no encuentra el instrumento normativo adecuado produciéndose en la mayoría de los casos adjudicaciones que perjudican los intereses del propio sector público.

Se despilfarran recursos por una absoluta falta de regulaciones específicas, al obligar a los profesionales a elaborar en competencia propuestas con un disparatado nivel de exigencia en el desarrollo de las mismas, con participaciones masivas dada la tremenda situación de paro de una profesión hipertrofiada, creando así la propia administración un auténtico dumping  competencial. No hay criterios objetivos de selección dedicando los concursantes tiempo, medios, esfuerzos y costes económicos sin compensación alguna, en una política de insostenibilidad profesional.

Se ha olvidado lo esencial: la selección del mejor profesional o equipo de ellos y de la propuesta técnica de mejor calidad, y esto ahora mismo la Ley de Contratos del Estado no lo garantiza.

Desarrollar un reglamento propio de adjudicación para los concursos debe de ser tarea primordial y perentoria del gobierno que finalmente represente los intereses de los ciudadanos en la próxima legislatura.

Tampoco hay que inventarse la rueda. La Comunidad Europea en la que nos miramos tiene los suficientes ejemplos de funcionamiento debidamente contrastados y probados que basta con adaptar muchos de ellos a nuestra realidad.

Podría seguir enumerando cientos de razones, podría reunir cientos y cientos de testimonios de profesionales de este país en todas las disciplinas que están hartos de estas legislaciones precarias y llenas de puertas para la enorme cantidad de corrupción que se está viviendo en nuestro sector. Los testimonios de cientos de compañeros serían interminables.

Desarrollar reglamentos específicos es imprescindible y urgente. Las agrupaciones profesionales tienen perfectamente claros los procedimientos y modelos. Sólo se espera voluntad y decisión política para modificar y acabar con estos procedimientos arcaicos y ajenos a la actualización contemporánea que en servicios requiere la ciudadanía y cerrar definitivamente una de las grandes puertas por las que penetra inicialmente la corrupción en nuestro país.

César Ruiz-Larrea Cangas. Enero 2016